Proponen que publicidad oficial se otorgue sólo a medios con Código de Ética

Uno de los métodos a tomarse en consideración para la asignación de publicidad oficial debe ser que el medio de comunicación sea susceptible...

Uno de los métodos a tomarse en consideración para la asignación de publicidad oficial debe ser que el medio de comunicación sea susceptible a obtenerla, cuente con un código de ética asumido públicamente frente a sus lectores, radioescuchas o televidentes, porque además de aceptar un autocontrol frente a la posibilidad de servir al poder, este medio demuestre su voluntad de ser escrutado por sus seguidores.

Lo anterior fue expresado por el periodista Omar Raúl Martínez, dirigente también de la Fundación Manuel Buendía y la Revista Mexicana de la Comunicación, durante el 6º Foro Internacional sobre Libertad de Expresión, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Además, hizo hincapié en que no debe confundirse autocontrol con censura porque el primero implica la voluntad responsable y razonada de un grupo de profesionales de la información, mientras que la censura es consecuencia de una decisión personal o mediática inducida por temor o interés económico.

Los códigos de ética deben contener premisas como el apego a la veracidad, compromiso con la independencia, asunción de responsabilidad, integridad profesional y servicio a la sociedad, concluyó.

El ex diputado y ex titular de la Comisión Especial de Atención a periodistas en la Cámara de Diputados, Gerardo Priego Tapia, cuestionó que muchos gobernadores o funcionarios durante su encargo le preguntaron : ¿cómo se puede garantizar que quienes sean bandidos o corruptos en los medios, no reciban publicidad o recursos de enemigos políticos?

Un tema que, respondió José Martínez Mendoza, se puede solventar con la ley en la mano.

Gustavo Romero, de Perú, preguntó si tiene sentido construir una sociedad con información que no esté ajustada a la verdad, pues él quiere “una sociedad donde se preserve el valor de la verdad, donde todos podamos acceder a la información con calidad. Yo no quiero la información acobardada, amilanada e intimidada”.

Y refirió una historia: “Durante el régimen del Gobierno de (Alberto) Fujimori, la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio (Secretaría) del Interior –mediante triquiñuelas legales- dejó sin efecto legal el título de nacionalidad peruana al empresario televisivo de Frecuencia Latina (Canal 2), Baruch Ivcher, quien a la sazón era un decidido opositor al régimen al igual que su equipo periodístico. Pese a la evidente inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos administrativos, ella no fue objetada por los jueces, permitiendo que sobre su fundamento se retirara al señor Ivcher de la administración de la empresa televisiva y cambiar a los periodistas incómodos para sustituirlos por otros más complacientes al Gobierno”.

Para Romero esta “historia tan pérfida y aun reciente de nuestra prensa y de servidores públicos capaces de subordinarse a los caprichos de quien ostente el Poder es terrible” y dijo temer la existencia de servidores públicos cobardes y periodistas que oculten la información para satisfacer al gobernante de turno.

Romel Jurado, de Ecuador, dijo en su oportunidad que deberá evitarse que los medios públicos se conviertan en caja de resonancia de los gobiernos por sobre los intereses de todos. De lo contrario, se convierte en un monopolio autorizado, legalizado desde el propio poder, cuando por el contrario, deben existir para cuestionarlo.

Asimismo, seguró que para tener más certidumbre de los medios, “se requiere también saber quiénes somos. Quiénes son quienes están detrás de la información. No sólo ser plural, sino que se sepa de dónde proviene esa información”.

José Martínez Mendoza, escritor y periodista, argumentó que a diferencia de los jueces para quienes el sentido de su función es que se ajusten las pruebas o los indicios para cumplir con la norma, en el periodismo la verdad es aquella que se puede documentar, con “la sola pretensión de que se convierta en una verdad periodística, ya que en caso contrario se corre el riesgo de realizar un ejercicio con despliegue de morbosas truculencias”.

Así, dijo, los medios no inventan —salvo contadas ocasiones— ni los errores ni los abusos del poder político. Sin embargo, también, en ocasiones se ocupan de enfatizarlo con provechosa ferocidad al distorsionar y manipular situaciones deliberadamente, por encima de la búsqueda de la verdad.

En su turno, Clara Luz Álvarez habló sobre la discriminación de oficio que se lleva a cabo por las entidades públicas en contra de los discapacitados auditivos, por ejemplo, porque desde su punto de vista no tienen la misma oportunidad para practicar su libertad de expresión, ni las mismas oportunidades para ejercer su derecho a la información, cuando, por ejemplo, en los informes o mensajes gubernamentales, no existen formas de hacérselos llegar por la carencia de personas especializadas en tales señas.

“No existe una obligación ni de las empresas privadas ni de las públicas para que los programas de TV tengan subtítulos”, por ejemplo, subrayó.

Por otro lado, al abordar el tema de las nuevas tecnologías, Clara Luz Álvarez destacó que por ejemplo en indonesia los periodistas salvaron por internet la censura oficial, ya que por esta red transmitieron sus noticias y en las impresoras de los centros de cómputo se distribuyeron sus artículos.

Asimismo, dijo que en la Unión Europea se han pronunciado por el manejo de las nuevas tecnologías, haciendo énfasis de que la libertad de expresión debe ejercerse con una buena conexión de internet, pero además del acceso físico, es fundamental la alfabetización digital y un contenido pertinente y relevante.

“La legislación hoy en día en el caso mexicano, acotó, no recoge la importancia de tener estos tres elementos para asegurar la libertad de expresión.

María Teresa Herrán, de Colombia, aseguró que el pluralismo es un concepto básico dentro de la libertad de expresión, sin embargo, al respecto somos discursivos cuando lo solicitamos, pero poco tolerantes cuando debemos aplicarlo.

Añadió que una forma de coartar el pluralismo es judicializar la injuria y la calumnia, motivo por el cual la Corte Internacional de los Derechos Humanos pugnó porque fueran desjudicializadas, por con el fin de abrir los espacios de opinión y crítica.

Sobre todo, que muchas de las denuncias públicas que se hacen en nuestros países hoy en día tienen que ver con corrupción de clanes o grupos en el poder, por lo que abrogar estas formas de judicialización es una tarea fundamental, ya que un estado pluralista es aquel cuando sus ciudadanos no son sólo receptores de sus ideas, sino donde existen las condiciones para el debate público.
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