“No tienen que matarnos para que se giren a vernos”, es una de las quejas de Yohali Reséndiz, una periodista mexicana que, a pesar de estar ...
“No tienen que matarnos para que se giren a vernos”, es una de las quejas de Yohali Reséndiz, una periodista mexicana que, a pesar de estar protegida por el Estado, vive con miedo al ver que los protocolos suelen ponerse en marcha cuando ya es demasiado tarde.
El mecanismo de protección acoge actualmente a 498 defensores de Derechos Humanos y 292 periodistas, cuya vida corre peligro por el mero hecho de cumplir con su trabajo.
Y además, tan siquiera funciona correctamente, tal y como reconoció el propio Gobierno de Andrés Manuel López Obrador el pasado 25 de marzo.
“Estamos analizando distintos instrumentos que nos permitan identificar situaciones de riesgo” para atender a las personas aunque no forman parte del mecanismo, dijo hace una semana el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejando Encinas.
Al menos siete periodistas han sido asesinados desde que el líder izquierdista asumió la Presidencia el pasado 1 de diciembre, por lo que la situación es alarmante.
Reséndiz estaba investigando un tema de abuso sexual infantil en 2016 cuando comenzó a recibir amenazas de muerte a través de redes sociales.
A la vez que hicieron públicos sus datos personales y un hombre accedió a su vehículo y le dejó una nota con la inscripción “vas a valer verga” (vas a morir).
Fue entonces cuando la periodista comenzó a recibir protección, empezando por un dispositivo conocido como botón de pánico o de asistencia con el que puede ser localizada, además de comunicarse de manera directa con el personal del equipo de protección.
Con el dispositivo, la periodista, que actualmente trabaja para el medio MVS, tiene la opción de marcar 4 números de asistencia o ayuda y un botón de pánico, de color azul en el centro del aparato, con el que se avisa directamente a las autoridades en caso de encontrarse en riesgo.
En el inicio del proceso, además, revisaron su casa en busca de posibles mejoras de seguridad pero de poco sirvió, pues hace un mes y medio alguien accedió a su habitación a través de la azotea mientras tres miembros de su familia se encontraban en la casa.
Reséndiz reportó el suceso y, aunque el día del hecho acudieron patrullas a asegurarse de que todo estaba bien, nadie del mecanismo ha contactado con ella desde entonces.
Molesta, se queja de los fallos del sistema que ponen en riesgo su vida, como este mencionado, o el hecho “gravísimo” de que tras seis meses sin incidencias se le van retirando algunas de las medidas al periodista que está dentro del mecanismo.
“En el inicio yo tenía acceso a un vehículo que permitía que pudieran saber dónde estaba 24 horas. Pierdes la privacidad pero al final lo prefieres a tener otro tipo de situación más grave”, explicó la comunicadora.
Según ella, el presupuesto que el Gobierno dedica al mecanismo de protección no está bien aplicado y, además, da privilegios a los que tienen “un nombre bien puesto como periodista” frente al resto.
Reséndiz pide que “al menos” se creen protocolos abiertos para enseñar a todos los periodistas de México cómo cuidarse.
Insiste en que no debería ser necesario pasar por situaciones de riesgo para recibir protección, puesto que en muchos casos ya es tarde cuando se actúa y en otros “te cambia la vida radicalmente”.
Los efectos de este tipo de vivencias en muchos casos consiguen el objetivo de las personas que emiten las amenazas: que el periodista o defensor de derechos humanos se amedrente.
En el caso de la comunicadora, dejó de escribir unos meses sobre temas relacionados con el abuso sexual infantil, y ahora cada vez que escribe piensa en las consecuencias que esto podría tener y repasa todo el tiempo si habrá vertido en la red algún dato personal que pueda ir en su contra.
Sin embargo, considera que “llega un punto en el que este país no soporta que hagas la vista gorda, si no lo escribes tú lo va a escribir otra persona”.
Lo mismo siente Edwin Canché, un periodista que en 2014 fue torturado por la policía y el alcalde del municipio de Seyé, en Yucatán, por estar cubriendo y haciendo fotografías de un accidente de tránsito.
Este comunicador vive con el miedo en el cuerpo, ya que la actual alcaldesa de la ciudad, según cuenta, ha iniciado acciones amenazantes para mantener amedrentados a los medios que puedan vigilar sus actividades.
“La profesión que ejercemos es de alto riesgo porque decimos lo que nadie se atreve a decir, arriesgamos la vida estando en la calle y somos menos que los que nos agreden. Si no te mataron hoy es porque no era el día”, sentenció Canché en entrevista a Efe.
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