Provinieron en su mayoría de 14 municipios indígenas: Simojovel, Tila, Chilón, San Juan Chamula, Chicomuselo, Sitalá, San Juan Cancuc, Altamirano, Ocosingo, Chalchihuitán, Yajalón, Palenque, Tenejapa y San Cristóbal de las Casas.
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Unos mil indígenas choles, tzeltales y tzotziles participaron en una protesta en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, en una marcha encabezada por el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) a la que se sumaron diferentes organizaciones civiles y observadores de derechos humanos internacionales.
Los manifestantes provinieron en su mayoría de 14 municipios indígenas: Simojovel, Tila, Chilón, San Juan Chamula, Chicomuselo, Sitalá, San Juan Cancuc, Altamirano, Ocosingo, Chalchihuitán, Yajalón, Palenque, Tenejapa y San Cristóbal de las Casas.
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Desde hace siete años, este movimiento se ha alzado en defensa de su territorio y, entre otros puntos, han logrado detener la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, que tenía que atravesar su territorio.
Su objetivo ahora es detener sobre todo la minería y megaproyectos impulsados por López Obrador como el Tren Maya, una obra faraónica de unos 1.500 kilómetros y 7.600 millones de dólares que ha de conectar cinco estados del sur y sureste, la zona más rezagada del país.
Aunque López Obrador asegura que todos los proyectos de su gobierno respetarán los derechos de los indígenas y cuidarán el medioambiente -es incluso defensor del "desarrollo sostenible"- la realidad en el territorio parece otra, y muchos habitantes desconfían.
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"Hay una tremenda deforestación que hoy está afectando el cambio climático, y esa misma situación está afectando a las comunidades y la selva", dijo a Efe Nicolás Gómez, de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y de la Madre Tierra Del Valle de Jovel.
En cuanto al proyecto del Tren Maya dijo que las comunidades han manifestado ya su temor por el impacto ambiental del proyecto y sus afectaciones en la selva, que esta temporada ya ha registrado fuertes sequías en algunas zonas que las autoridades atribuyen en buena medida a la crisis climática.
Por todo ello, los indígenas demandaron este martes y de forma pacífica la no intervención de mineras -nacionales o extranjeras- en los municipios con minerales en el subsuelo, alegando que la explotación los empuja a un desplazamiento forzado.
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Los manifestantes apostaron también por la libre determinación de los pueblos y el autogobierno comunitario.
Precisamente, este fin de semana el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) asumió el control de 11 nuevos territorios pertenecientes a ocho municipios de Chiapas, un hecho que López Obrador respaldó porque "esto significa trabajar en beneficio de las comunidades y pueblos".
Pero para los participantes de la marcha, el Gobierno mexicano no actúa correctamente.
En el movimiento de López Obrador "no vemos respuestas, vemos represión", dijo Gómez.
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A su vez, Francisca González, activista del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, señaló a Efe que exigen, sobre todo, una "vida libre de violencia y el derecho a un medioambiente sano".
De esta manera, los manifestantes pidieron que las instituciones de gobierno asuman su responsabilidad respetando las leyes, pues al no hacerlo generan desestabilización social.
Y alertaron que la corrupción en todos los niveles deteriora el tejido social, por lo que este es un tema urgente a resolver.
Finalmente, pidieron respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios, tal y como expresa la Constitución mexicana.
En su manifiesto final, las organizaciones señalaron que hay "grupos políticos" que buscan apropiarse del derecho a "libre determinación al que tenemos derecho como pueblos originarios".
Y alertó que algunas empresas mineras se "lucran con la pobreza de la gente", por lo que exigieron respeto en materia laboral y adecuarse al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
Casi 25,7 millones de personas en México se autoidentifican como indígenas en México -son 68 pueblos originarios- lo que representa un 21,5 % de la población del país.
Pese a ser una porción importante del país, son los más pobres y desfavorecidos, pues el 74,9 % de los hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza.
Y el 34,8 % en pobreza extrema, cuando esta tasa se sitúa en el 5,8 % en los no hablantes de lengua indígena, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2015.