La CNTE descubre la diplomacia Todo indica que esta semana asistiremos al milagro moderno de ver desaparecer el plantón de la CNTE en la Ciu...
La CNTE descubre la diplomacia
Todo indica que esta semana asistiremos al milagro moderno de ver desaparecer el plantón de la CNTE en la Ciudad de México, esa ocupación que había convertido el centro capitalino en un laberinto digno de Kafka, donde los ciudadanos navegaban entre carpas y consignas como náufragos buscando una ruta hacia la civilización.
Las razones para este repentino brote de sensatez son tres, y cada una pesa tanto como la paciencia agotada de una sociedad harta de ser rehén de las ocurrencias magisteriales. Primero, el malestar palpable de los capitalinos ante el caos vehicular que convirtió cada traslado en una odisea homérica, donde llegar al trabajo se volvió una hazaña épica digna de medalla olímpica. La ciudadanía, con esa sutileza que la caracteriza, comenzó a expresar su descontento de maneras cada vez menos diplomáticas.
Segundo, un jalón de orejas presidencial que resonó desde Palacio Nacional hasta los rincones más remotos del país. La Presidenta, en un arranque de autoridad que sorprendió hasta a sus propios colaboradores, convocó a varios funcionarios —incluido el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara— para recordarles que gobernar implica algo más que contemplar cómo las cosas se salen de control desde la comodidad de sus despachos. Ese regaño ejecutivo tuvo la efectividad de una cachetada con guante blanco.
Tercero, y quizás lo más revelador, la inminente elección judicial del domingo, ese experimento democrático que el gobierno no puede permitir que la CNTE boicotee con su tradicional repertorio de sabotaje sindical. Porque una cosa es tolerar los berrinches magisteriales en tiempos normales, y otra muy distinta es permitir que arruinen el estreno de la nueva democracia judicial.
La semana pasada, estos maestros disidentes estuvieron a punto de establecer su campamento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, convirtiendo la terminal aérea en el escenario de una telenovela de protesta que habría hecho palidecer de envidia a cualquier productor de Televisa. Solo las gestiones de última hora —impulsadas desde las más altas esferas del poder— lograron que recularán de semejante despropósito.
Para lograr esta retirada estratégica, al parecer se acordó reprogramar una nueva audiencia entre la Presidenta y los líderes del magisterio radical, ese cónclave donde la retórica revolucionaria se encuentra con el pragmatismo político en un abrazo tan tierno como calculado. Porque al final del día, incluso los más radicales descubren que la diplomacia puede ser más efectiva que el bloqueo cuando hay elecciones judiciales de por medio.
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Legislativo en Campaña
En el Poder Legislativo mexicano, esa institución que supuestamente representa la voluntad popular y elabora las leyes que nos rigen, todos han empacado sus maletas para irse de campaña. Porque al parecer, crear leyes es menos importante que posar para las fotos electorales que alimentarán sus futuros curriculum políticos.
Hablando de las tareas legislativas —esas responsabilidades menores que de vez en cuando interrumpen la verdadera vocación política de nuestros representantes— esta semana la sesión de la Permanente, que magnánimamente se adelantó para mañana, será de mero trámite burocrático. Una función tan ceremonial como irrelevante, diseñada únicamente para quienes deseen presenciar los espectáculos circenses que ofrecen Lilly Téllez y Fernández Noroña, esa dupla de entretenimiento parlamentario que convierte cada sesión en un reality show de bajo presupuesto.
La nota verdaderamente reveladora es que todo mundo —diputados y senadores por igual— ya anda desplegado por Durango y Veracruz, exhibiendo junto con los dirigentes nacionales de sus respectivos partidos el músculo electoral para las elecciones municipales. Estos comicios locales funcionarán como un termómetro político para medir dos variables fundamentales: la supervivencia de una oposición en cuidados intensivos y el crecimiento de la Cuarta Transformación, que sigue expandiéndose como una franquicia exitosa por todo el territorio nacional.
Obviamente, los legisladores de Morena no solo están dedicados a este despliegue de fuerza territorial, sino también a promocionar por todo el país la elección judicial, esa innovación democrática que la oposición pretende sabotear con la desesperación de quien ve hundirse su última embarcación. Porque nada dice "compromiso con la democracia" como intentar boicotear una elección que promete democratizar el sistema de justicia.
El trabajo legislativo, esas minucias como aprobar presupuestos, reformar leyes o atender las necesidades del país, ya será después. No les urge, al parecer. Total, las leyes pueden esperar, pero las campañas tienen fecha de caducidad. Y en la lógica política mexicana contemporánea, es más importante estar presente en una foto de campaña que en una sesión parlamentaria.
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Plan B: el ‘no’ ya lo tienen
Los políticos mexicanos han perfeccionado el arte de convertir los fracasos diplomáticos en oportunidades para el teatro legislativo doméstico. Ante el estrepitoso fracaso que significó el diálogo de la comisión de senadores para impedir el impuesto a las remesas en Estados Unidos —una misión tan exitosa como vender refrigeradores en el Ártico— la senadora Geovanna Bañuelos, quien formó parte de esa expedición diplomática, ha decidido apelar a la generosidad legendaria de los bancos mexicanos.
Su brillante estrategia consiste en presentar un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para que la banca nacional reduzca el cobro de comisiones por el envío de recursos de nuestros migrantes. Porque claro, si no pudimos convencer a los gringos de que no nos pongan impuestos, al menos intentemos convencer a los banqueros mexicanos de que cobren menos comisiones. Es como pedirle a un tiburón que se haga vegetariano por solidaridad con los peces.
La senadora Bañuelos parece haber olvidado que los bancos mexicanos tienen una relación con la filantropía similar a la que tiene un vampiro con el ajo. Estas instituciones, que han convertido el cobro de comisiones en una forma de arte conceptual, difícilmente van a renunciar a una fuente de ingresos tan jugosa por el simple hecho de que una senadora se los pida con buenos modales parlamentarios.
Sería una opción genuinamente buena que la banca cobrara menos comisiones a quienes envían el sudor de su trabajo desde el extranjero para sostener a sus familias en México. Pero, ¿de verdad cree la senadora que eso será la solución? ¿En serio piensa que un punto de acuerdo parlamentario va a conmover los corazones de acero inoxidable de los ejecutivos bancarios?
Esta propuesta revela la lógica política mexicana en su máxima expresión: cuando no puedes resolver un problema en su origen, transfiérelo a alguien más y espera que la magia del buen deseo haga el resto. Es como pretender que una carta al ratón Pérez resuelva la crisis dental nacional.
La realidad es que los bancos mexicanos seguirán cobrando sus comisiones con la misma alegría con que un recaudador de impuestos cuenta billetes, porque su negocio no es la caridad, sino las ganancias. Y mientras nuestros políticos sigan confundiendo los puntos de acuerdo con las varitas mágicas, las remesas seguirán siendo un negocio redondo para todos, excepto para quienes las envían y las reciben.
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La Iglesia dice lo que todos saben
Durante la Caminata por la Paz en Morelos este fin de semana, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, decidió hacer algo tan inusual como refrescante en el panorama político mexicano: decir la verdad sin anestesia. Su radiografía del poder del narcotráfico en México fue tan precisa como incómoda, revelando lo que todos susurran en corrillos pero nadie se atreve a gritar desde los púlpitos del poder.
Castro no se anduvo con eufemismos episcopales ni con la diplomacia clerical que caracteriza a la jerarquía católica cuando toca temas espinosos. Con la contundencia de quien ha visto demasiado desde su atalaya pastoral, acusó que los funcionarios públicos saben perfectamente que no pueden ingresar al gobierno si no están dispuestos a negociar con la mafia. Una verdad tan cristalina como dolorosa, que convierte el famoso "no pueden con el hueso" en una ironía macabra: el hueso ya tiene dueño, y no precisamente el Estado.
Según el prelado, el gobierno debe solicitar permiso al narcotráfico para pavimentar calles, colocar alumbrado público, realizar reuniones vecinales, instalar cámaras de seguridad y hasta para organizar eventos públicos, incluyendo la hora exacta en que deben concluir. Un panorama que convierte a los alcaldes en gerentes de sucursal y a los gobernadores en empleados de mostrador de una franquicia criminal que opera con mayor eficiencia que cualquier dependencia gubernamental.
Pero la radiografía se vuelve aún más reveladora cuando Castro señala que muchos contratos a empresas terminan en manos del crimen organizado, convirtiendo la obra pública en una lavandería de dinero sucio con la bendición oficial. "Lo peor es que todos lo saben y piden su porcentaje", sentenció el obispo, exponiendo la corrupción sistémica que convierte cada licitación en una transacción mafiosa y cada funcionario en un socio involuntario del hampa.
Ahora queda por ver quién tendrá el valor —o la temeridad— de refutar las declaraciones del obispo Castro, y sobre todo, con qué argumentos intentarán desmentir una realidad que se vive a diario en los territorios donde el Estado mexicano es apenas una ficción jurídica y el verdadero poder lo ejercen quienes manejan las armas y los sobres amarillos.
La confesión episcopal pone en evidencia que en México, el crimen organizado no es una amenaza externa al sistema político: es parte integral de él. Y cuando un obispo se convierte en el único que dice lo que todos saben, queda claro que la crisis no es solo de seguridad, sino de honestidad institucional.
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El limbo presupuestal del INEGI
¿Y la medición de la pobreza? Esa pregunta incómoda que flota en el aire como una mosca molesta en el banquete de la transformación nacional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, bajo la dirección de Graciela Márquez, dará a conocer mañana los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondientes al primer trimestre del año, esos datos que solían alimentar los cálculos del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para determinar la pobreza laboral.
Pero resulta que el Coneval, esa institución molesta que se dedicaba a la ingrata tarea de medir qué porcentaje de la población tiene salarios insuficientes para comprar una canasta alimentaria, ya no está entre nosotros. Fue enviado al cementerio institucional junto con otros organismos autónomos que tenían el mal hábito de generar datos incómodos para cualquier gobierno en turno.
Nos cuentan que para los tres primeros meses del año ya no será posible contar con esa medición, porque el difunto Coneval tiene muy poco personal y sus labores sustantivas han terminado definitivamente. Los pocos funcionarios que quedan se dedican únicamente a la tarea funeraria de sistematizar archivos para transferirlos al Inegi, como quien organiza los efectos personales de un pariente recién fallecido.
Nos advierten que será hasta junio o julio cuando el Poder Legislativo, en su infinita sabiduría y velocidad característicos, defina las leyes secundarias necesarias para que el Inegi asuma los trabajos que realizaba el Coneval. Porque claro, medir la pobreza puede esperar unos meses más. Total, los pobres no van a ninguna parte, y mientras tanto, la ausencia de cifras oficiales permitirá que florezcan las especulaciones optimistas sobre el bienestar social.
Esta transición institucional revela una lógica perversa: la mejor manera de combatir la pobreza estadística es eliminar a quien la mide. Va para largo, como suele suceder cuando se pretende que el Inegi haga malabares con responsabilidades ajenas mientras el Legislativo se toma su tiempo para definir marcos legales que deberían haber estado listos antes de ejecutar la extinción.
Mientras tanto, la pobreza real seguirá su curso, invisible a los ojos oficiales pero dolorosamente presente en los bolsillos vacíos de millones de mexicanos que esperan ser contados nuevamente.
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Nada cambia en Veracruz
La violencia política ha encontrado su hábitat natural y prospera con la regularidad de las mareas. Bajo el gobierno de Rocío Nahle, la violencia electoral en Veracruz ya ni siquiera se molesta en disimular sus intenciones, paseándose por los municipios con la desfachatez de quien sabe que goza de impunidad garantizada.
En Misantla, la candidata del Partido del Trabajo, Aracely Pérez Roa, fue agredida brutalmente y su esposo terminó con un balazo en el brazo, como si los proyectiles fueran argumentos políticos en esta democracia armada que caracteriza al estado jarocho. El crimen organizado no se oculta ni opera en las sombras: se pasea armado a plena luz del día, exhibiendo su arsenal como quien muestra credenciales de autoridad.
¿Y las autoridades legalmente constituidas? Bien, gracias. La policía se comportó como espectadora de lujo en este teatro de la violencia, observando sin intervenir a pesar de saber perfectamente quién disparó. Porque al parecer, en Veracruz el protocolo policial incluye la cláusula de "mirar sin ver" cuando se trata de agresiones contra candidatos incómodos.
El Partido del Trabajo lo grita sin pudor: el acoso viene porque no se alinearon con Morena, esa fuerza política que practica la democracia con la sutileza de una apisonadora y la tolerancia de un inquisidor medieval. La disidencia electoral se paga a precio de sangre en una entidad donde el pluralismo político es un lujo que pocos pueden permitirse.
Mientras tanto, la gobernadora Nahle promete que todo será diferente a los tiempos de su antecesor Cuitláhuac García, esas promesas de cambio que suenan tan huecas como las balas que silban sobre las cabezas de las candidatas opositoras. Porque en Veracruz, las promesas de transformación chocan contra la realidad de que las opositoras literalmente corren por sus vidas.
El estado sigue ardiendo con la misma intensidad que durante la administración del exgobernador, demostrando que en materia de violencia política, los gobiernos de la Cuarta Transformación han logrado una continuidad impecable con sus predecesores. La única diferencia es que ahora la brutalidad electoral viene envuelta en retórica progresista y discursos de renovación moral.
