El Gobierno de México firmó este lunes un convenio con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que esta ase...
El Gobierno de México firmó este lunes un convenio con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que esta asesore a la comisión creada a fin de esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
El convenio rubricado por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, es un símbolo y un paso más del nuevo Gobierno para construir un nuevo “régimen”, en palabras del ministro, en el que no tengan cabida las desapariciones.
De esta manera, se pretenden reforzar las herramientas para la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, uno de los más emblemáticos de la década en materia de desaparecidos en el país.
“Buscamos verdad y justicia, en este caso, pero en todos los casos, todas y todos los desaparecidos, toda nuestra vida pública”, aseveró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante su intervención.
La desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en la localidad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, ha sido rescatado por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como una representación de su postura con respecto a una de las heridas abiertas más recordadas en el país.
Según cifras oficiales, hay 40.000 desaparecidos en el país, 26.000 cuerpos sin identificar en morgues y 1.300 fosas clandestinas.
Para Ebrard, las cifras y la problemática han tenido una “intensa trascendencia” en la vida publica mexicana, algo que debe terminar.
Bachelet en su intervención se comprometió a que su oficina “será una aliada” que dará un seguimiento exhaustivo al caso para “llegar a la verdad, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
Asimismo, aseguró que no dudarán en “alertar de cualquier incumplimiento”.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo en su turno de palabra que, con el nuevo gobierno, el organismo al que representa tiene más peso que nunca, pues la prioridad es “la protección y garantías de derechos humanos”.
“Y dentro de este marco de protección y garantía está el tema de la comisión de la verdad y la justicia de los jóvenes de Ayotzinapa”, agregó.
La citada Comisión entró en funciones el pasado 15 de enero con promesas de hacer finalmente justicia a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos a la mayor brevedad posible.
También le compete identificar a los culpables de la tragedia, incluso si pertenecen a organismos públicos.
La creación de esta Comisión fue aplaudida por diferentes organizaciones de la sociedad civil y entidades internacionales dedicadas a los derechos humanos.
Además de la firma de este lunes, México ya firmó otro convenio de asesoría con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El mismo López Obrador, antes de tomar posesión del cargo el pasado diciembre, se reunió con los familiares el 26 de septiembre de 2018 prometiéndoles resolver el caso.
Fue un primer gesto al que se le han ido sumando otros como el de este lunes en busca de que Ayotzinapa sea el signo que construya otro México sin cuerpos enterrados en fosas clandestinas.
No obstante, desde el Gobierno piden paciencia. Durante su intervención, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado Peralta, dijo que apenas “se está empezando un camino”.
Los padres, tras 4 años de lucha pero también resignación, parecen tener más confianza en la palabra del nuevo Gobierno que en el anterior encabezado por Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Una de las madres, María Martínez, dijo a Efe que después de 4 años esta es “una firma muy importante”.
Confesó también que esperaba que desde la entrada en vigor de la Comisión todo “iba a ser muy rápido”.
“Pero hemos ido viendo que se va formando el equipo para empezar la búsqueda”, continuó, algo que le “llena de satisfacción”.
Asimismo, arremetió contra el pasado Gobierno, quien desde su vivencia solo les aportó “engaño y mentira”.
Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías municipales corruptos de Iguala arrestaron a los estudiantes de la Escuela Normal (para maestros) Rural de Ayotzinapa y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula.
Padres y organismos internacionales denunciaron siempre irregularidades en las pesquisas y han pedido reiteradamente que se abran nuevas líneas de investigación que aborden la posible participación del Ejército y la Policía Federal.
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