Estados Unidos tiene abiertos 488 procedimientos similares en todo el mundo, mientras que México está llevando a cabo 342 investigaciones de este tipo.
Eduard Ribas i Admetlla / EFE
El Gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, quitó este miércoles importancia a los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero mexicano y los deslindó de los anteriores conflictos comerciales.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria mexicana de Economía, Graciela Márquez, descartó que se trate de una "guerra comercial" con el país vecino y dijo que este tipo de aranceles son habituales en todo el mundo.
"Hay que distinguir cuándo es un asunto de la relación comercial y cuándo tiene motivaciones de corte proteccionista", expresó Márquez sobre las cuotas compensatorias anunciadas el lunes por Washington para el acero estructural.
De acuerdo con Márquez, estos aranceles son una medida "provisional" fruto de una investigación llevada a cabo por las autoridades estadounidenses sobre un presunto caso de comercio desleal por parte de empresas mexicanas que venden productos que están subvencionados en México.
La investigación concluirá el 19 de noviembre pero el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha impuesto de forma preliminar cuotas a estas firmas, que van desde el 0,01 % hasta el 74 % sobre el acero estructural, lo que afecta, entre otros productos, a vigas y tubos.
Según el Gobierno mexicano este es un asunto habitual, pues Estados Unidos tiene abiertos 488 procedimientos similares en todo el mundo, mientras que México está llevando a cabo 342 investigaciones de este tipo.
"Cotidianamente nosotros también ponemos aranceles", explicó Márquez, quien reveló que este mismo lunes México aprobó imponer cuotas a productos de Rusia, Brasil y China por prácticas desleales.
Sea como sea, la secretaria expresó que el Gobierno mexicano está centrado en este asunto y que cuenta con un despacho especializado en Estados Unidos para proteger a las empresas mexicanas afectadas y presionar a las autoridades competentes para resolverlo.
Y explicó que se está analizando si una aplicación definitiva de estos aranceles permitiría a las empresas mexicanas afectadas "seguir siendo competitivas en el mercado estadounidense".
Márquez admitió que desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos, el tema de los aranceles es un asunto "muy sensible" que se ha incorporado en el "lenguaje habitual" de México, pero descartó que esta vez se trate de un conflicto comercial grave.
Según la secretaria, estas cuotas "no tienen nada que ver" con la Medida 232, una imposición de aranceles al acero y al aluminio que Estados Unidos aplicó el año pasado a México, Canadá y la Unión Europea por considerarlos una "amenaza a la seguridad nacional".
El 17 de mayo, Trump excluyó de esta medida a México y a Canadá en pleno contexto de ratificación del nuevo tratado comercial de América del Norte conocido como T-MEC.
La secretaria también deslindó estas medidas de la severa amenaza que realizó Trump el mes pasado de aplicar aranceles progresivos del 5 hasta el 25 % a todos los productos mexicanos como represalia por la crisis migratoria.
Tras maratonianas negociaciones en Washington, el Gobierno mexicano logró frenar esa amenaza a cambio de aumentar el control de la migración en la frontera con Guatemala.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que encabezó estas negociaciones, descartó este miércoles en la misma rueda de prensa que a "corto plazo" el Gobierno estadounidense imponga represalias comerciales a México por asuntos políticos.
El Gobierno también tiene encima de la mesa el conflicto por la exportación de tomate mexicano a Estados Unidos desde que el 7 de mayo Washington impuso aranceles del 17,5 % a los tomateros de México.
La secretaria de Economía anunció que entre hoy y mañana mantendrá una conversación telefónica con el secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, para buscar soluciones al "empantanamiento de las posiciones".
A petición de los productores de tomate de Florida, el Gobierno estadounidense levantó el acuerdo que desde 1996 suspendía las cuotas al tomate mexicano.
Graciela Márquez lo considera una medida electoralista y criticó que Estados Unidos impone medidas "muy rígidas" al tomate mexicano, como la revisión del 100 % de los embarques de tomate en la frontera y plazos de espera de 72 horas.
El 6 de junio, un tribunal estadounidense rechazó el amparo presentado por la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y los productores tienen ahora hasta el viernes para presentar documentación al Departamento de Comercio.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria mexicana de Economía, Graciela Márquez, descartó que se trate de una "guerra comercial" con el país vecino y dijo que este tipo de aranceles son habituales en todo el mundo.
"Hay que distinguir cuándo es un asunto de la relación comercial y cuándo tiene motivaciones de corte proteccionista", expresó Márquez sobre las cuotas compensatorias anunciadas el lunes por Washington para el acero estructural.
De acuerdo con Márquez, estos aranceles son una medida "provisional" fruto de una investigación llevada a cabo por las autoridades estadounidenses sobre un presunto caso de comercio desleal por parte de empresas mexicanas que venden productos que están subvencionados en México.
La investigación concluirá el 19 de noviembre pero el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha impuesto de forma preliminar cuotas a estas firmas, que van desde el 0,01 % hasta el 74 % sobre el acero estructural, lo que afecta, entre otros productos, a vigas y tubos.
Según el Gobierno mexicano este es un asunto habitual, pues Estados Unidos tiene abiertos 488 procedimientos similares en todo el mundo, mientras que México está llevando a cabo 342 investigaciones de este tipo.
"Cotidianamente nosotros también ponemos aranceles", explicó Márquez, quien reveló que este mismo lunes México aprobó imponer cuotas a productos de Rusia, Brasil y China por prácticas desleales.
Sea como sea, la secretaria expresó que el Gobierno mexicano está centrado en este asunto y que cuenta con un despacho especializado en Estados Unidos para proteger a las empresas mexicanas afectadas y presionar a las autoridades competentes para resolverlo.
Y explicó que se está analizando si una aplicación definitiva de estos aranceles permitiría a las empresas mexicanas afectadas "seguir siendo competitivas en el mercado estadounidense".
Márquez admitió que desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos, el tema de los aranceles es un asunto "muy sensible" que se ha incorporado en el "lenguaje habitual" de México, pero descartó que esta vez se trate de un conflicto comercial grave.
Según la secretaria, estas cuotas "no tienen nada que ver" con la Medida 232, una imposición de aranceles al acero y al aluminio que Estados Unidos aplicó el año pasado a México, Canadá y la Unión Europea por considerarlos una "amenaza a la seguridad nacional".
El 17 de mayo, Trump excluyó de esta medida a México y a Canadá en pleno contexto de ratificación del nuevo tratado comercial de América del Norte conocido como T-MEC.
La secretaria también deslindó estas medidas de la severa amenaza que realizó Trump el mes pasado de aplicar aranceles progresivos del 5 hasta el 25 % a todos los productos mexicanos como represalia por la crisis migratoria.
Tras maratonianas negociaciones en Washington, el Gobierno mexicano logró frenar esa amenaza a cambio de aumentar el control de la migración en la frontera con Guatemala.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que encabezó estas negociaciones, descartó este miércoles en la misma rueda de prensa que a "corto plazo" el Gobierno estadounidense imponga represalias comerciales a México por asuntos políticos.
El Gobierno también tiene encima de la mesa el conflicto por la exportación de tomate mexicano a Estados Unidos desde que el 7 de mayo Washington impuso aranceles del 17,5 % a los tomateros de México.
La secretaria de Economía anunció que entre hoy y mañana mantendrá una conversación telefónica con el secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, para buscar soluciones al "empantanamiento de las posiciones".
A petición de los productores de tomate de Florida, el Gobierno estadounidense levantó el acuerdo que desde 1996 suspendía las cuotas al tomate mexicano.
Graciela Márquez lo considera una medida electoralista y criticó que Estados Unidos impone medidas "muy rígidas" al tomate mexicano, como la revisión del 100 % de los embarques de tomate en la frontera y plazos de espera de 72 horas.
El 6 de junio, un tribunal estadounidense rechazó el amparo presentado por la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y los productores tienen ahora hasta el viernes para presentar documentación al Departamento de Comercio.
